Todo comenzó cuando el Alcalde de La Florida decretó y llevó a cabo la demolición de una casa donde en ella presuntamente vivían narcotraficantes. A la fecha, se han televisado en un coro matinal de demoliciones que cuentan con el apoyo de una fuerza operativa policial mayúscula y una cobertura mediática que ha dejado en segundo lugar a las pautas de Ministerios. Tras ese primer acto, la popularidad de Rodolfo Carter (UDI) ha subido como la espuma y ha sido el centro del debate por mostrar un compromiso y una aparente eficacia en la lucha contra el tráfico de drogas.

Cuando vi la noticia por primera vez me pareció una genialidad política el utilizar las facultades que entrega la Ley General de Urbanismo y Construcciones para demoler casas y solaparlas con la información que contaba de la ubicación de bandas delictivas, quizá motivado por un pragmatismo rápido. Ya pasado algo de tiempo de aquello, he perdido el entusiasmo inicial sobre las demoliciones por su cuestionada efectividad, pero no puedo ignorar la reacción y adhesión social que generó su implementación.

Luego de cierta perplejidad de la política ante las acciones del Alcalde Carter, han sido dos tipos de voces las que se han opuesto a la medida. Por un lado, aquellas que han basado su respuesta en catalogarla como populista y en realizar un enfrentamiento a la figura del Alcalde. Y por otro lado, algunas voces más sagaces que han mostrado acciones concretas menos destructivas y probadamente efectivas en la tarea de aumentar la seguridad de los barrios populares del país. Sin embargo, durante estas semanas ambas han conducido a un terreno infértil, compitiendo en la arena de la racionalidad técnica o académica, cuando es -como casi siempre- un problema político y que, por tanto, se juega en emociones, puestas en escena y viabilidad práctica en el contexto de una sociedad que pide soluciones a la policrisis actual.

Hay algunos riesgos en esta situación. El primero, el tildar de populista al Alcalde Carter y su propuesta, puede descalibrar la sintonía con el efecto simbólico generado por el despliegue policial y la utilización de algunos cuasi-arquetipos (como la retroexcavadora demoliendo una casa o la de la autoridad frente al destacamento para volver al orden). El temor y el asedio diario del tráfico de drogas, la utilización de jóvenes como soldados y el control territorial de las bandas criminales, requieren de respuestas rápidas, explícitas y ejemplificadoras. El segundo, el debate sobre si son o no efectivas las políticas nos sume en una discusión donde se tensiona la agenda de seguridad del gobierno y levanta dicotomías del tipo «estás o no estás en la lucha contra el narcotráfico». Un Estado que está actualizando sus herramientas no podrá proveer las respuestas de manera ágil, haciendo más audible la agenda del Alcalde Carter.

El Presidente Boric dio luces de como enfrentar la situación al indicar que, tras ser consultado por periodistas en La Moneda, su prioridad está en la lucha contra el narcotráfico y no contra alcaldes. Sin embargo, esto debe ser acompañado por una estrategia más visible y más amplia que involucre autoridades que al día de hoy están dando la batalla contra el narcotráfico con otras recetas, la sociedad civil que ha formulado propuestas y planes para mejorar la acción pública en la materia; y las comunidades como protagonistas.

Más allá de la coyuntura, lo que parece más nítido, es que los dolores de la actual sociedad tienen múltiples expresiones y que se manifiestan, un día castigando al poder constituido y otro culpándose a si misma. Lo que nos debe ocupar es que la demolición de una casa es un síntoma de una afección estructural, al igual que el fenómeno Carter.