El último informe de política monetaria (IPoM) anunciado por la Presidenta del Banco Central de Chile, Rosanna Costa, da cuenta de un escenario preocupante en el cual la economía nacional tendrá un duro pasar por al menos dos años. Una inflación que podría llegar a 8,2% anual con una lenta tasa de crecimiento económico que podría ser nulo o negativo para el 2023. 

La altísima presión por el quinto retiro de fondos previsionales, la inestabilidad global por la Guerra Ruso-Ucraniana que golpea los precios internacionales y un Banco Central que optó por aumentar la Tasa de Política Monetaria a un 7% son precisamente aquellos factores que afectan diariamente la capacidad de los hogares de clase media para cubrir sus necesidades financieras como el pago de deuda indexada en UF o al IPC (créditos hipotecarios, de consumo, arriendos, etc.), colegiaturas, entre otros.

Si bien estos factores se expresan en su mayoría en todos los países del planeta, en Chile se presenta una tendencia hacia la estanflación donde el gobierno deberá desplegar el arsenal de políticas fiscales más preciso de los últimos 30 años. Así como deberá existir una esencial conversación entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para facilitar que esta convergencia económica hacia indicadores más estables sea asumida de forma justa y proporcional entre todos los agentes económicos.

La historia nos deja algunas enseñanzas, que justamente en los momentos más aciagos de la economía nacional, los costos de estas coyunturas los han asumido fundamentalmente los y las trabajadoras. La política macroeconómica hegemónica ha optado por transitar el camino de la flexibilidad a los más grandes y de las mayores restricciones a los sectores más empobrecidos y la clase media. Sin embargo, esto parece ir cambiando.

El gobierno del Presidente Boric y la gestión económica encabezada por el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, determinó una recuperación o rebalanceo de la economía mirando la reincorporación al trabajo remunerado, aumento de inversión pública, focalización en sectores productivos rezagados como la cultura y el turismo, apoyo a pymes que han acumulado importantes deudas tributarias, medidas de acceso a crédito para Mipymes que fueron excluidas por el FOGAPE, mejoramiento de ingresos y costo de vida e institucionalización de mecanismos de protección económica y social. 

Durante la semana, el Ministro presentará cuantitativamente lo que significa este plan, que incorpora una visión intersectorial entre las carteras. Sin embargo, ya da luces de que la economía será una de las protagonistas. Otra vez la economía, pero no la misma.